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El campo
español sufre las mordidas en la aorta con la correspondiente succión de su
sangre, algo que le está dejando en situación de extrema gravedad. Desde hace
años viene escuchándose la voz de los agricultores, desde hace años nos vienen
diciendo que se les paga cantidades irrisorias por sus producciones, una ínfima
proporción del precio que llegan a adquirir sus productos cuando son vendidos
en los comercios. Hay un gremio de succionadores de sangre, de vampiros,
también llamados intermediarios o mediadores, que imponen bajos precios a sus
cosechas o tienen que dejar que se les pudra en los árboles, en las plantas o
en el suelo. Los agricultores tienen en su contra que sus cultivos son
perecederos, que solo se mantienen en óptimas condiciones de consumo un tiempo
corto, y si no le dan salida de inmediato pierden dinero cada día, pero no
dejarles comer tampoco es la solución.
Mientras
escuchaba la radio se me ocurrió algo, que es lo que vengo a tratar de expresar
a continuación, no sin ser consciente de la dificultad que debe entrañar
llevarlo a cabo, a su vez siendo inconsciente, seguro, de otros asuntos delicados
internos y propios del problema. Si el conflicto apunta al bajo precio que se
abona al agricultor y al gran porcentaje que se llevan los vampiros,
¡perdonen!, quise decir: intermediarios; se podría optar por sustituirles, y se
me ocurrió, como no puede ser de otra manera, que ese rol lo asumiera el
Estado. El Estado, ante esta injusticia de ahogamiento y presión, debiera
asumir el papel de intermediario para los agricultores, sin costo alguno, sin
pretensiones de ganar sino de colaborar para que las cosechas de los
agricultores pudieran ser puestas en los comercios a tiempo y a un precio
razonable para el consumidor y suficiente para que, tanto agricultor, como
comerciante, puedan extraer sus ganancias, sin sentirse profanados.
El mismo
ministerio de agricultura debiera asumir esa tarea de mediador con coste cero
tanto para agricultores como comerciantes. Las leyes deberían apoyar
iniciativas como esta, que van a favor de los que quieren vivir de su trabajo,
al mismo tiempo que aparten a los zánganos, ventajistas y aprovechados, que
siendo los que menos trabajan, se llevan una parte más grande del pastel que
han hecho otros. Una actuación así por parte de la Administración es bien
recibida, significa un paso adelante del ente público en favor de su gente, es
una forma de defensa contra la agresión directa y humillante de un clan de
vampiros abusadores. Esa prepotencia ha de ser castigada legalmente, es una
forma de explotación moderna, y todo no debe tener cabida en la mal llamada y
convenida globalización. La llamo así porque como saben vivimos bajo el
paraguas de una globalización a medida de unos pocos, cuando le parece a tal o
cual presidente poderoso impone aranceles a los productos que les pueden hacer
sombra a los de sus conciudadanos y los defienden empeorando, unilateralmente,
las condiciones económicas de los productos de terceros.
La Administración
pública, el Gobierno o el Estado en sí, no son órganos ajenos a nosotros, ni
distantes, somos nosotros y nosotros los mantenemos, debieran estar al servicio
de la ciudadanía. Están para solucionar problemas y dar forma a la sociedad
pretendida por la ciudadanía, al menos a mí me lo parece, mejor dicho, creo que
es su cometido si no estoy en un error. No podemos seguir temiendo tanto de que
los inversores se retiren, no podemos seguir siendo los pobres de mente que
sigan creyendo que esos vampiros son imprescindibles, debemos proyectar un país
que llegue a ser autosuficiente, el saqueo institucional debe cesar, los gastos
deben ser los necesarios y los salarios públicos deben moderarse, pareciéndose más
a los de la gente que trabaja en este país. Una chispa de honestidad es
insuficiente para gobernar adecuadamente y por el bien de la gente, hacen falta
grandes dosis de sentido común, coherencia, honestidad y valentía para
conseguir acabar con los golfos y sinvergüenzas que se valen del esfuerzo de
los demás. Es necesario estudiar a fondo los gastos y los ingresos para
establecer el porcentaje que a cada uno de nosotros nos toca aportar en
proporción a nuestros ingresos, para hacer frente a los gastos que suponen los
servicios públicos, hay mucho por hacer en política, pero muchos se han quedado
en el Gran Hermano de las disputas políticas.
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