El Supremo dijo que los gastos
originados por las hipotecas para que se elevaran a escritura pública tenían
que correr del bolsillo de las entidades bancarias, puesto que era de interés
de éstas hacerlo para poder actuar contra sus clientes en caso de que dejaran
de pagarles. El sentido común parece que se imponía, lo que ocasionó regocijo
entre la ciudadanía que comenzaba a proyectar los primeros pasos para recuperar
el dinero que había pagado por tal concepto, pero la alegría ha durado bien
poco. El Supremo haciendo uso del mismo vaivén al que nos tiene acostumbrado
este Gobierno, como si fuese un ministerio más del mismo, da un paso atrás y se
desmiente, ya no son los bancos los que deben correr con esos gastos, se lo
tiene que pensar dando muestras de la imprevisión con la que todos los órganos
de poder están funcionando en España últimamente.
No es difícil llegar a comprender
que hasta el mismísimo Tribunal Supremo de justicia o injusticia, como quiera llamársele,
no goza de ninguna independencia, ¿acaso no rectifica a consecuencia de las
presiones de las entidades bancarias?, si no es así cómo podemos entender que
los, supuestamente, mejor preparados, más experimentados jueces de este país,
los que tienen la última palabra en todo lo que sea “justicia”, actúen con esta
inseguridad manifiesta. ¿Quién manda en este país, a quién se debe atender, la
palabra del Gobierno o del Supremo sirve para algo, o nos dirán lo contrario
media hora más tarde? ¿Trabajan en serio o se están cachondeando de todos y
todas? ¿Alguien protege los intereses de la ciudadanía, o solo nos contemplan
como actores necesarios para abonar impuestos y se acabó?
La medida tomada, en un principio
por el Supremo hizo perder en bolsa cinco mil millones a las entidades
financieras, según dijeron los medios de comunicación, sus acciones bajaron de
valor, una forma virtual de desvalorizarse, no es dinero que directamente le
hayan quitado de sus cajas fuertes; aun así, de inmediato le han tirado de las
orejas a los políticos y estos al Supremo, ya que son jueces puestos por ellos,
y la amenaza se puede presuponer: Que rectifiquen o este año no podremos hacer
nada por condonaros los préstamos que necesitéis para vuestras campañas. Si nos
hacéis pagar, lo repercutiremos en los usuarios, ellos siempre tienen la salida
asegurada, el gobierno se pone a sus pies y el ciudadano es el que siempre
carga con los platos rotos.
Cuando escuché la primera
noticia, me alegré y me enfadé, porque una vez más, como sucedió con las
clausulas suelos, tras una lucha de muchas asociaciones ciudadanas, se
consiguió que los bancos tuvieran que devolver un dinero cobrado en exceso a
sus clientes; pero, una vez más, la ley o la sentencia era incompleta a
propósito, ¿por qué no se obligó a los bancos a devolver el importe cobrado de
más por las clausulas suelo, dándoles un plazo, supongamos de seis meses, sin
que ningún ciudadano o ciudadana tuviera que denunciar, contratar un abogado,
gastar dinero o esperar años para que fuera efectiva la sentencia a su favor?
Es muy fácil, desde mi punto de vista, hacer las cosas bien, pero no sé en qué
están pensando los jueces cuando actúan como lo hacen, quizás, piensen en el
negocio que van a generar en los bufetes de abogados… sus colegas del mundo
judicial, desde luego, en los ciudadanos no están pensando, si lo hubieran
hecho todos los que fuimos engañados o estafados, ya hubiéramos cobrado nuestro
dinero. Repito, es muy fácil cuando se quieren hacer las cosas bien, no a
medias, la sentencia debió obligar a todas las entidades bancarias a devolver a
todos sus clientes los dineros cobrados indebidamente en un plazo fijado, de
forma voluntaria y obligada por parte de las entidades financieras, sin tener
que mover un dedo la ciudadanía. En caso de incumplimiento, que tan solo nos
hiciera falta ponerlo en conocimiento del Supremo, y éste le aplica la sanción
correspondiente más la exigencia de la devolución inmediata del importe cobrado
de más multiplicado por diez. Ahora sí está hecha justicia y los bancos se
hubieran dado patadas en el culo para zanjar sus deudas con la ciudadanía. Una
vez más me pregunto: ¿cómo es posible que un ciudadano normal pueda pensar en
medidas efectivas, y todo un cuerpo judicial nunca da con la tecla definitiva?
¿Han mandado los jueces a algún corrupto a la cárcel y han especificado en la
sentencia que el castigo sea ciertos años de cárcel por el delito cometido, más
la devolución del importe robado, o no se le podrá conceder la libertad al
final del cumplimiento de la sentencia de privación de libertad?... todo lo
hacen a medias y, por supuesto, sin atender los intereses generales de la
ciudadanía y del país, ellos dan por bueno que nos roben, castigan cuando la evidencia
es tan exagerada que tienen que hacer algo, al menos para justificar sus puestos
de trabajos y los sueldos que se llevan.
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