Ayer volvieron
a registrar la sede del CDC en Cataluña. Es la segunda vez que lo hacen en el
periodo de espacio de dos meses. Han analizado la documentación y ya hablaban
de varios delitos por los que han detenido a once personas. Es más que evidente
que hay una serie de empresas, muchas de ellas dedicadas a la construcción, que
han pagado comisiones al CDC, el partido de Mas, a cambio de adjudicaciones; lógicamente
con un sobrecoste que han soportado los ciudadanos, o sea, las arcas públicas.
Cómo es que
siempre detienen a los segundones, pero a los jefes no. De nuevo se señalan a
los que van por detrás o muy abajo del dirigente del partido, pero a la cabeza
responsable del mismo se le deja en libertad, como si nada tuviera que ver con
lo que pasaba de puertas para adentro. ¡Esto es un descaro y una vergüenza!
Otro caso
similar a la del PP, donde Mariano ni estaba, ni se enteraba de nada y por
tanto ahí sigue mostrando el paso militar, que le dijo su asesor de imagen, es el
que le correspondía como Presidente de Gobierno. El partido al completo
envuelto en corrupción, como sabemos por las triquiñuelas empleadas para
financiarse ilegalmente, el pago de la sede con dinero negro, etc., pero su
Presidente, Marianico el corto, que no se enteraba de nada. Bueno, es la moda,
todos los que pasan últimamente por el banquillo o son detenidos e interrogados
dicen lo mismo: “No recuerdo nada, no se nada o yo es que solo pasaba por allí”
y los jueces van y se lo creen.
Ahora el PP
saca adelante la Ley de enjuiciamiento criminal, la que establece un plazo para
que se juzgue en un máximo de 18 meses, cuando hemos visto que casi todas las macrocausas
de corrupción del país requieren años de instrucción. ¿Qué viene a hacer esta
ley? Seguramente, todos los delincuentes de guante blanco de este país estarán
dando saltos de alegría, porque jamás se podrá saber qué han hecho, cómo lo
hicieron, quiénes son los afectados, etc., no habrá tiempo para llegar al final
de la investigación y quedarán libres por falta de pruebas que les acusen. El
PP ha puesto en marcha la forma más burda de no poder hacerse justicia, en base
a su famosa ley de enjuiciamiento criminal, que bien se podría haber llamado:
Ley de impunidad o ley de animosidad a cometer actos delictivos.
Todo esto me
recuerda los juicios donde los jueces han dejado sin efecto grabaciones, porque
se tomaron de un modo ilegal según ellos, y en las que hay evidencias de
grandes delitos. Los jueces hacen prevalecer el modo en que se obtuvieron las
grabaciones y prefieren dejar libres a los delincuentes. Yo no lo entiendo. En
las grabaciones queda constancia de que el delito existió, se tiene la voz del
autor o autores, y en lugar de verificar la autenticidad de las voces, se
impugnan las pruebas porque se grabaron sin el consentimiento de los chorizos.
¡A dónde va a llegar la injusticia!
Hay tantos
altos cargos públicos envueltos en lamentables acciones delictivas, que el
sistema se arrodilla a sus pies para permitirles salir impunes driblando la
poca justicia de este país. La justicia ha quedado para los robagallinas, que
es donde se emplea con contundencia y rapidez. ¡Tenemos una justicia de
amiguetes!
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