Los que fueron
presidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Griñán están imputados
en el famoso caso de los EREs. Ahora va en serio, el juez le implica en la
trama de los EREs, les considera piezas claves que debían conocer lo que se
estaba haciendo con el dinero reservado para los parados. Ellos, personas de
gran corazón, lo desviaban para untar a las empresas para que accedieran a
hacer regulaciones en sus plantillas y prejubilaran a parte de su personal
laboral, pero también les exigía que les firmara como prejubilados a personas
que la Junta de Andalucía les proponía a la empresa; personas que jamás habían
trabajado en dichas empresas, ese era el gran fraude. De esta forma favorecían
a personas cercanas, allegadas, que no habían trabajado nunca o lo habían hecho
por mucho menos de los años requeridos para poder jubilarse.
Cientos de
millones de euros se abonaron a las empresas que accedieron a incluir a
personas que nunca habían pisado sus instalaciones, y las incluían con nombres
y apellidos como trabajadores suyos propuestos para que pasaran a ser
prejubilados. O sea, personas que actualmente están jubiladas sin tener que
estarlo, al menos legalmente, y que cobran cada mes de la caja “quebrada” de las
pensiones. Esa donde Rajoy tiene que meter la mano de cuando en cuando, como el
mes que viene, para pagar las extraordinarias a los jubilados. Cuando Rajoy
haga ese gesto en breve, también se van a gastar algunos miles de euros en esas
personas que se prestaron al juego macabro del fraude de los EREs de Andalucía.
Griñán ha
renunciado a su acta, pero Manuel Chaves y otro más de momento no quieren
renunciar porque dicen que quieren preparar su defensa. Temen perder el
aforamiento, que tantos años les han mantenido alejados de poder ser juzgados
como cualquier ciudadano sin privilegios. Así que se lo están pensando mientras
que el jefe de su partido: Pedro Sánchez dice que la renuncia va a ser
inmediata, como esperamos todos los españoles y en particular los andaluces.
El privilegio
de que la renuncia al acta de diputado sea personal me parece injusto y un
error, debiera ser “propiedad” de los partidos, pues esas personas se
presentaron y fueron votadas por pertenecer a las listas de un partido. Son los
partidos lo que tendrían que retirar esas actas, los que debieran de expulsar a
los infractores y dejarles en la calle, despedirlos, como si de un trabajo se
tratase. Claro, de un trabajo en una empresa privada, porque al funcionario cómo
se le despide, tendrá que haber intentado volar por los aires el edificio donde
trabaja para que la gravedad de los hechos le haga perder su plaza. Otra cosa
que no veo bien, las plazas en propiedad, habría que poner fin al funcionariado
y que solo hubiera un código laboral para que todos trabajemos en las mismas
condiciones. Los funcionarios han de temer que puedan perder su trabajo como
cualquier otro trabajador, de esa manera mirarán mucho más por lo que hacen,
cómo lo hacen y cuánto hacen. Y ya está bien de hacer un reparto de políticos poniéndolos
en puestos de dirección de los distintos centros oficiales, con sueldos desorbitados,
por el mero hecho de militar desde hace años en un partido y sin formación
adecuada o especifica para las tareas que se le presuponen tendrían que
realizar.
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