Ustedes saben que Emilio Botín,
en 2007, tenía dos mil millones de euros en Suiza, y que cuando se supo se le
fue a juzgar, pero el Tribunal Supremo se inventó lo de la Doctrina Botín y le
dejaron libre. La Doctrina Botín decía que si la fiscalía no denuncia y, tampoco,
lo hace la acusación particular, aunque sí lo haga la acusación popular, no se
le puede juzgar. La acusación particular en ese caso era Hacienda, que era la
perjudicada por el fraude de esa cantidad de dinero oculta y no declarada a la
Administración española. La acusación popular puede ser cualquier ciudadano,
que denunciara la acción por ilegal. A donde quiero llegar es a establecer un
paralelismo, un tanto forzado, entre aquello y el actual problema de la independencia
catalana. Vengo a decir que las altas instancias de la justicia pueden hacer
magia cuando les conviene, como fue aquel caso de dejar libre a un banquero
defraudador, ellos sabrán qué intereses subyacentes tenían para sacarse la tal
Doctrina Botín de debajo de la chistera. Igual que hicieron eso para librar a
un delincuente que había perjudicado a España, salvando las distancias, podrían
haber modificado las leyes para hacer posible que los catalanes pudieran votar.
Pero aquí hay más, más miedo porque se desarrolle un contagio hacia otras
comunidades que pretendan seguir los pasos de Cataluña, además y, sobretodo,
que perder la aportación de Cataluña es grave para los intereses generales de
España, por ser una zona muy industrializada, que genera casi el 25% del PIB,
¿saben ustedes lo que significa eso? Igualmente digo, que tiempo han tenido los
gobiernos para que el reparto y las condiciones industriales hubieran estado mejor
diseminadas por todo el territorio español… ahora todo son lamentaciones y
medidas de fuerza, para tratar de imponer aquello que no se ha sido capaz de
dialogar y hacer de un modo civilizado, y culpo de ello al Gobierno central,
principalmente.
Ahora comprenden mejor por qué
comencé con el caso Botín, porque el Gobierno da orden de lo que le parece y
quiere a la justicia. Una vez más se
pudo comprobar que no hay independencia de poderes, sino que la justicia está a
lo que le indique el Gobierno de turno. Por eso, es incomprensible que los
problemas políticos se enconen sin dar ninguna solución, hasta convertirse en
el choque de trenes con consecuencias impredecibles. En este caso, Rajoy, como
Presidente del Gobierno de España, ha tenido en su mano la oportunidad de hacer
algo más que contemplar desde la lejanía cómo se enquistaba el problema que
solo a él le correspondía solucionar. Cualquier cosa que pida un pueblo hay que
respetarlo porque eso es democracia, y si las leyes no lo contemplan, para eso
están los políticos, para hacer posible que lo que demanda el pueblo, se pueda
realizar, para mí es la única justificación fundamental de pagar políticos. En
este caso hay un Govern con mayoría, representando a los catalanes, lo que no
quiere decir que todos piensen como independentistas, que salió electo con un
claro programa de hacia dónde iban, y eso hay que respetarlo. De igual modo,
aquí hemos estado todos sometidos a los decretos del PP y a sus políticas,
sobretodo, en la legislatura anterior en la que tenía mayoría absoluta, y
muchos no somos de su palo, ¿Lo de aquí si es democrático y lo de Cataluña no
lo es?
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