Como sabemos,
los consejos de administración de las grandes corporaciones están minados de ex
políticos, que tarde o temprano meten la mano donde no deben y nos cuesta el
dinero a todos.
La última joya
de la corona es Abengoa, cuyo consejo de Administración daba acogida, entre
otros, a: Josep Borrell (ex Ministro de obras públicas del último Gobierno de
Felipe González y Presidente del Parlamento europeo entre 2004 y 2007). Ricardo
Martínez Rico, que ocupó la Secretaria de Estado de presupuestos del Gobierno
de Aznar, actual presidente de la asesoría fiscal fundada por Montoro, Equipo
Económico. José Terceiro (Subsecretario de la Presidencia del Gobierno de
Felipe González). Alberto Aza, que fue Jefe de la Casa Real), etc., etc.,
porque la lista es larga. ¿Y cómo ha terminado?, hundida y pidiendo la hora.
Igual sucedió
con Caja Madrid y Bankia, donde en su consejo de Administración se pertrechaban
políticos de todos los colores, y los resultados ya los conocemos. Un agujero
por el que se desangraba de tanto que habían robado: contratos abultados,
comisiones a tutiplén y las famosas tarjetas blacks, que registraban los gastos
menos relacionados con el trabajo de los consejeros: lencería, putas, copas,
joyas y noches locas de discotecas. ¿Quiénes han pagado los saqueos de los
señoritos?, nosotros, todos nosotros con nuestro dinero, endeudándonos un poco
más. Empobreciendo a España, y la justicia lenta como siempre. Rato sigue dando
vueltas por ahí, mareando la perdiz, mientras la justicia mira para donde le
indica el Gobierno.
El Gobierno no
puede, libremente, aportar dinero público a empresas privadas como ha venido
sucediendo. Spanair recibió entre 2009 y 2012 doscientos veinticuatro millones
de euros. Las entidades bancarias han recibido ciento ochenta y cinco mil
millones de euros. Las empresas explotadoras de las autopistas recibieron cinco
mil millones de euros. Las eléctricas tres mil quinientos millones de euros.
Indra, trescientos treinta y siete millones de euros, y para la compra de un
aeropuerto londinense se destinó quinientos dos millones de euros. Esto deriva
de una búsqueda rápida en Internet, atendiendo a artículos de periódicos
solventes, pero es tan solo una ínfima parte del despilfarro de los fondos
públicos, que después nos hacen endeudarnos y sufrir recortes en las
principales áreas sociales del bienestar público.
En España se
ha tirado el dinero y se sigue haciendo, porque muchos de los que dirigen el
país se encuentran con los dineros y no tienen mejor ocurrencia que privatizar
cosas y subvencionar a las empresas donde ellos, sus familiares o amigos tienen
intereses. Se han tomado los recursos que son de todos como una oportunidad
para hacer negocios desde dentro de los despachos, aprovechando la red de
contactos que sus cargos les han permitido.
Los
gobernantes llevan años despilfarrando lo que es de todos, dilapidando los
recursos públicos, mirando poco por ellos, precisamente porque no sale
directamente de sus bolsillos, y su ambición es desmedida; de otro modo no se
entiende. La economía pública no la llevan como la suya privada, estoy seguro
de ello. Por este motivo, vuelvo a pedir, como en tantas otras ocasiones
anteriores, una auditoria de las gestiones y de los dineros, desde la
transición hasta nuestros días. Aunque se tarden años en hacer, es necesaria
dicha auditoria porque tenemos que saber cuánto se ha dilapidado, quiénes son
los responsables, y si están vivos hay que castigarles y exigirles la
devolución de lo robado o malversado. Aquí no vale la prescripción de delitos,
ni historias por el estilo, el que ha delinquido es un delincuente y tiene que
pagar por ello, así como resarcir a la sociedad por su latrocinio.
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