Los Gobiernos
españoles confunden el respeto por la ciudadanía con la libertad, los gastos,
los recortes y las prohibiciones. No pueden hacer leyes sobre asuntos que
deberían ser, únicamente, cuestión de lo que quieran las gentes. Por ejemplo,
por qué prohíben conducir sin cinturón de seguridad, casco, sin seguro de automóvil,
si se puede o no abortar, si puede o no consumir drogas, si se tiene que pagar
un impuesto de transmisiones o de herencias, etc.
Por qué los
políticos tienen que imponer a los ciudadanos y ciudadanas lo que ellos creen
oportuno, menoscabando la libertad de elegir y decidiendo cómo quieren vivir
las personas. Alguien sin cinturón de seguridad pone en peligro su vida, y ya
sé que estarán pensando que si tras un accidente queda mal herido, su
recuperación, operaciones y cuidados los vamos a abonar entre todos. Eso es lo
que hay que legislar, la forma en que esta libertad le va a costar dinero al
ciudadano, pero no puede ser el punto de partida: “No usar el cinturón de
seguridad se sancionará con algunos cientos de euros”. Por el contrario, se
podrá recomendar su uso, y si no se hace ya será bastante sanción tener que
abonar parte de la factura hospitalaria, en la proporción que se establezca.
Pero hay una diferencia, las personas serán libres de ir en sus coches o en sus
motos como deseen, nadie les estará obligando a nada, tendrán que razonar qué
es lo que más les conviene para su seguridad y su economía, sin que nadie les
esté prohibiendo nada. Igual con los impuestos sobre los beneficios en las
empresas, la apertura de las mismas, los IBIs, las licencias de obras, los
impuestos de circulación de vehículos, etc.
Puede parecer
una perogrullada, pero es el principio para poner fin al derecho que se otorgan
los políticos para conducir nuestras vidas, para entrometerse en ellas y para
manipular nuestra existencia. Al mismo tiempo se otorgan poder sobre nuestras
vidas, sobre nosotros, y de una cosa van pasando a la siguiente: nos fijan los salarios,
las prestaciones, cuándo somos mayores de edad, cuándo podemos ir a la escuela,
qué debemos estudiar, a qué edad se puede trabajar, etc.
Si quieren
hacer algo importante, que controlen la evasión de dineros, porque el llegar a
conocer cuanto dinero entra en cada casa, sería la justa forma de fijar un
tanto por ciento de impuesto sobre ingresos verdaderos, para pagar todos los
servicios públicos. Una forma podría ser eliminando la circulación de papel, y
que todos los pagos se tuvieran que hacer a través de cuentas bancarias. Pero
como los banqueros y los políticos tienen una tendencia a entenderse a espaldas
de la ciudadanía, tendrían que desaparecer los bancos privados, para que la
Administración controlara, a través de funcionarios, no de políticos, todos los
movimientos económicos de toda la gente del país. Es algo súper difícil, pero
hay que caminar en una dirección que haga posible una sociedad que se aparte
del grado de corrupción actual. Hay que redistribuir la riqueza y los gastos de
una forma lo más equitativa posible, sobre todo, saber cuantos son nuestros
gastos, cuantos son los ingresos y lo que se genera, para repartir a través de
ese impuesto único en relación a la situación económica real de cada familia,
los gastos totales del país.
El Gobierno no
puede seguir metiendo miedo a las personas, cuando les presenta a los
inversores como clanes intocables. Ellos dicen que si les tratan de meter el
dedo en sus cuentas, alzarán el vuelo hacia otras tierras más permisivas o
corruptas, que es a lo que se refieren. Nosotros no podemos consentir que la
vida tenga que pasar por la criminalidad de las bandas organizadas, que
conocemos con forma de partidos políticos o de entidades financieras, y por sus
chantajes.
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