Hoy quiero
reflexionar sobre la especulación urbanística y constructiva que supone el caso
del Hotel de El Algarrobico. Diez años dando vueltas a la perdiz, decenas de
procesos judiciales, costas a pagar, personajes de la Administración que dieron
permisos para construir ilegalmente en una zona protegida y, por tanto, no
edificable, que escapan impunemente de sus responsabilidades y del castigo
penal correspondiente, en detrimento del erario público; pues somos todos
nosotros los que pagamos las consecuencias de lo que hicieron esos señores que
prevaricaron.
El derribo del
hotel va a costar unos 7,1 millones de euros, que se han puesto de acuerdo para
pagarlos entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación. ¿Por qué las
decisiones de unos señores políticos tenemos que abonarlas todos los españoles?
Y en este caso, los andaluces por partida doble, lo que nos toca por el pellizco
que suelte el Gobierno central, y lo que pague la Junta de Andalucía. Mientras
tanto, aquellos que se lucraron con la operación, o al menos, procedieron fuera
de la legalidad vigente de costa y terrenos protegidos, por ser una zona
perteneciente al Parque del Cabo de Gata-Nijar, estarán tan tranquilos
retirados, jubilados posiblemente, disfrutando de su pensión de oro. ¡No hay
derecho!
Pero lo que
nos va a costar no es solo lo que se ha dicho hasta ahora, pues hay que incrementar
las costas de diez años de juicios, los 2,3 millones que le costó en 2006, a la
Junta, volverse a hacer con la propiedad de los terrenos, y veremos a ver si no
hay que indemnizar a la Promotora que ha realizado la construcción, que reclama
70 millones de euros al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al Gobierno. La
promotora dice tener los permisos concedidos por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía
para construir en esa zona, y se ampara en ello. Como mínimo, tiene que haber
una serie de personas que desde dentro de las Instituciones han tenido que firmar
cada uno de esos permisos, a sabiendas de que el proyecto se levantaría en una
zona protegida y a menos de cien metros del mar, por lo que también vulnera la
Ley de Costas. ¿Nadie paga por ello con todo su Patrimonio, para liquidar los
dineros que nos va a costar a todos los españoles, y doblemente a los
andaluces?
Los políticos
hacen las leyes, para posteriormente saltárselas cuando a ellos les venga bien.
Y lo que parece extraño es que el Gobierno también esté “en el ajo”, y le pidan
responsabilidades, no sé cómo no siguen subiendo y piden responsabilidades a la
UE. Parece que el Ayuntamiento para saltarse la ley pidió permiso a la Junta, y
esta para infringirla también, parece que pediría permiso al Gobierno, de otro
modo no se entienden que los tres estamentos estén “pillados”. Al final los que
estamos fastidiados somos todos nosotros que tenemos que soportar los gastos de
las acciones de los desaprensivos que aprobaron un proyecto ilegal en una zona
no edificable. ¡Hay demasiada oscuridad en la forma de actuar de los
irresponsables políticos! De esa oscuridad emerge la cantidad de casos de
corrupción que padece nuestro país. Con alevosía, aprovechando la oscuridad, algunos
de los renombrados políticos televisivos llevan años saqueándonos y enriqueciéndose.
¡Hay que barrer las Instituciones!
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