La empresa
australiana Berkeley cogió un día el rifle, apuntó y cazó. Tuvo puntería y
premeditación, por supuesto, contrató como lobista a Manuel Lamela, ex alto
cargo político y ex compañero de Miguel Arias Cañete (el de la empresa
petrolera), actual comisario de energía de la UE. Ambos, Lamela y Cañete,
miembros del PP, han aprovechado su vida política para hacer negocios con la
Administración, o a costa de esta. Uno con los contratos del suministro de petróleo
a barcos en el Estrecho, el otro ha estado metido en muchos fregados incluido
el intento de privatización de la sanidad. O sea, que ninguno de ellos ha
perdido el tiempo y, por supuesto, ninguno de ellos ha estado o está en política
para mirar por los intereses de los ciudadanos.
El objetivo de
la empresa Berkeley con este fichaje de Lamela, no es otro que le aprobara la
UE su proyecto de explotación de una mina a cielo abierto en la población de
Retortillo (Salamanca), pero no una mina cualquiera, sino una mina de
extracción de material radiactivo, más concretamente uranio. Como el tema de la
radioactividad siempre es sensible, lo mejor era poder llegar al Comisario de
energía de la UE, que es el que debe aprobar el proyecto para que la mina se
pueda explotar. Es ahí donde entra en acción Lamela, ex compañero de Cañete,
para pedirle a su amigo que firme y autorice el proyecto, como así ha sido. ¡Qué
casualidad que esa empresa fichara hace menos de un año a Lamela!, ¿no?
Ante el
descaro con el que se entremezclan los asuntos políticos y los negocios en la
actualidad, la Cadena Ser pide una copia de lo pactado con la UE, incluido el
proyecto, y le hacen entrega de un montón de folios, que en su mayoría vienen
tachados. El contenido, en gran parte, es ilegible, está censurado para la
opinión pública, es información secreta y sensible según expresa la empresa
Berkeley. La palabra empleada por la empresa es: “Clasificada”, información
clasificada (Top Secret). ¿Qué es lo que se pacta entre los políticos y las
empresas privadas, que no podamos enterarnos los ciudadanos?, ¿cómo es posible
que nuestros empleados hagan tratos con empresas privadas y nos nieguen toda la
información? Eso es hacer uso de su status para beneficiar a otros, o
beneficiarse ellos mismos, o perjudicar al resto y, por ello, no quieren que
sepamos nada de la jodida mina y las condiciones pactadas, o intenciones de la
explotación.
Esa manera de
actuar es un insulto en toda regla, una sinvergonzonería como de costumbre, y
algo que no debe ser bueno, sino todo lo contrario, cuando no quieren que
sepamos nada al respecto. Una vez más traman a nuestras espaldas, y cuando esto
sucede solo puede justificarlo los riesgos, que tratan de ocultarlos, y que
vamos a padecer los ciudadanos.
Se ha dado el
visto bueno a la actividad, y ¿se ha previsto qué residuos resultarán de la
explotación, qué se hará con ellos, si merece la pena autorizar la gestión
frente al peligro futuro, la contaminación y el transporte de material
radiactivo por nuestras carreteras, etc.? Porque después, como pasa siempre,
vienen los problemas y nadie sabe qué hacer con lo que a nadie sirve, y buscan
al municipio más pobre de España para contaminarlo hasta las trancas, a cambio
de dinero. ¡Ya está bien!
No hay comentarios:
Publicar un comentario