APROVECHAR EL ASUNTO CATALÁN PARA PARECER SER LOS BUENOS

El asunto catalán es aprovechado por muchos para tratar de hacerse destacar los que se llaman a sí mismos constitucionalistas, defensores de la soberanía nacional, etc…. son los “buenos”, el resto, los que pensamos diferente y creemos en una democracia que sea lo que decida la ciudadanía, somos radicales y queremos “romper” España. Si se fijan, cualquier movimiento político siempre da origen a la clasificación o diversificación entre buenos y malos, entre rojos y azules, o entre los de izquierdas y derechas. El propósito es fragmentar a la sociedad para que nunca nos pongamos de acuerdo, ¿se imaginan cuarenta y ocho millones de habitantes españoles encaminados en una dirección?... sencillamente, imparables. Eso no lo quieren, la minoría gobernante quiere, a pesar de ser pocos, marcar los pasos a la sociedad, pero lo lamentable es que si los pasos fueran honestos, sensatos, se empleara el sentido común y se atendieran los problemas de la gente y no los intereses del partido del que gobierna o las imposiciones de empresarios y banqueros, podríamos darlo por bueno. ¿No es ceder la soberanía aplicar los mandatos de empresarios, banqueros, e instituciones europeas?

En España hay un problema que viene manifestándose desde hace tiempo, y es que todos los españoles no somos iguales ante las instituciones o la Administración pública, tenemos diferentes derechos, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que residimos. Como hay varias áreas gestionadas por cada Comunidad, cada una aplica unas normas o destina un mayor presupuesto a unas que a otras, dando como resultado unos mejores servicios en esas áreas. No todas las comunidades tienen los mismos acuerdos económicos con el Gobierno central, por tanto, no todas las Comunidades disponen del mismo dinero por habitante, lo que hace que unas Comunidades sean más ricas que otras. Desde hace años, se ha industrializado unas zonas de España en detrimento del resto del país, por lo que no es lo mismo Cataluña, País Vasco o Madrid, que el resto del territorio. Solo con estos ejemplos se comprende que hay mucho por hacer para conseguir una España más equitativa y justa. Pero si nuestros políticos pasan las legislaturas discutiendo y oponiéndose a los proyectos de progreso que convengan a la ciudadanía, o tramando cómo gobernar para enriquecerse, llevarse el mayor dinero posible a sus partidos, ganar elecciones y tener el máximo poder para hacer lo que les venga en ganas… pues estamos como estamos, discutiendo si permitir que hablen los habitantes de una región es democrático o no.

El PP, el del dinero en negro con el que se financiaban y pagaban reformas de sus sedes, aquel que se ha llevado la mitad de la legislatura anterior fuera de la ley, está emperrado en hacer valer la ley sin modificar una coma. Ellos se la saltaron cuando quisieron: modificaron el famoso art. 135 de la Constitución en una noche, en connivencia con el PSOE. Han llevado una contabilidad B, desde hace más de veinte años. Se han repartido sobres de dinero negro entre los altos cargos. Nos metieron en la guerra de Irak, manifestándose todos los españoles y españolas en contra. Han privatizado cuanto han querido. Han dado nuestro dinero a bancos y Cajas. Para terminar, han sido cazados en cientos de casos de corrupción por los que se han llevado comisiones a lo grande. Que estos señores vengan ahora a ponerse bien, posicionándose como defensores de la legalidad y no hayan querido mover un punto de una Constitución del año 1978, apropiada para la situación social y política de aquella época… es un pensamiento involucionista. Para concluir: nunca, nunca, permitir que la gente hable, es antidemocrático. Lo antidemocrático es oponerse a que la gente se manifieste, diga lo que quiere hacer y cómo quiere vivir. Las leyes se deben adaptar a lo que quiera un pueblo y no al contrario, menos aun cuando no se corresponda con el sentir del mismo.

Antidemocrático es tomar las medidas de opresión y más propias de otros tiempos: mandar a los cuerpos de seguridad a controlar periódicos e imprentas, amenazar a políticos y autoridades, impedir las comunicaciones, etc., todo para que no se llegue a oír la voz del pueblo catalán.