Lo primero que ha de hacer España
es poner un SMI propio a un país, que como dicen, está creciendo por encima de
la media de la UE. Algunos se atreven a decir que es el país de la UE que más
crece económicamente. Si esto es así por qué no se aplica un SMI como
corresponde a los de arriba, a los que procuran mayor bienestar a sus
ciudadanos: Francia 1480 €, Alemania 1498 €, Bélgica 1531 €, Países Bajos 1551
€, Reino Unido 1396 €, Irlanda 1563€ y Luxemburgo 1998 € (Datos de Expansión del 15 de Abril de 2017).
Las empresas siguen aprovechando
la crisis para dar de baja en sus plantillas a trabajadores con muchos años de
servicio y salarios altos, para contratar temporalmente a gente joven con
salarios, que una vez descontados gastos de transportes y valorados los
esfuerzos, horarios y tiempo de trabajo que no cobran; casi le tienen que poner
dinero para decir que están trabajando.
No hay una inspección de trabajo seria
o no la hay, y si la hay que me consta es así, deben estar todos los
inspectores sentados cómodamente en sus despachos, entretenidos con sus
ordenadores y recibiendo una buena ración de aire fresco, porque tal vez tengan
órdenes de no presionar a ninguna empresa, no perseguir el fraude laboral de
ningún empresario y cosas así. ¿Qué quiero decir con esto?, pues que sin la
ardua labor de la inspección laboral, los empresarios se ríen de los
trabajadores, de las leyes, de la Seguridad Social y de Hacienda; en definitiva,
se ríen del Estado de derecho, lo pisotean, tal como hacen con los
trabajadores.
Este pilar de la Administración o
se pone a trabajar de una vez, o los contratos entre empresas y empleados son
palabras al viento… papel mojado. De lo cual solo se desprende abuso de poder y
miedo por parte del trabajador, que continuamente teme perder lo poco que le
ofrecen. ¡Es una situación injusta y denigrante!, casi siempre te hacen un
contrato por menos horas a las que te obligan a trabajar, y el resto de horas
trabajadas no las abonan ni las declaran. Lo de muchos empresarios es una
tomadura de pelo desmesurada, respaldada por la Inspección de trabajo que no funciona.
¿Por qué no anuncian constantemente por TV un teléfono gratuito, que no deje
rastro, como con la violencia de género, para que los trabajadores que sufren
explotación la puedan denunciar sin temor a represalias? Se me ocurre que si
todas la empresas estuvieran obligadas a tener una cámara de televisión
grabando la entrada del personal, así como estuvieran obligadas a tener un
reloj para registrar la llegada y salida de los trabajadores; los inspectores
podrían pasar de cuando en cuando por las empresas de las que llamaran sus
empleados y comprobar los contratos, las nóminas, las horas dadas de alta de
los empleados y las horas reales de trabajo.
Insisto, lo primero que ha de
ocurrir es que la Inspección de trabajo tenga suficiente personal, un teléfono
habilitado para la ciudadanía que no deje rastro y, por último, ganas de
trabajar en favor de la gente. Lo segundo es que ha de haber una ley severa que
castigue al empresario que incurra en fraude de ley, que es como están una
buena mayoría de ellos. Hasta ahora solo he hablado del tiempo de trabajo, el
fraude en la contratación y las horas que se trabajan y no te las pagan, pero
hay cantidad de particularidades: mal trato, abusos, acosos, amenazas, no dotar
al trabajador de todo lo necesario para preservar su vida y evitar los riesgos
físicos, obligar a trabajar en condiciones nocivas y peligrosas para la salud: altísimas
temperaturas, ruido espantoso, ambientes polvorientos, cancerígenos, alturas
inadecuadas, etc. Todo está bien legislado, pero si nadie vigila que se esté
cumpliendo lo exigido por ley, los desalmados se aprovechan del desmadre. El
teléfono gratuito y que no deje rastro, atendido por inspectores eficientes,
pondría fin al fraude en las relaciones laborales. Para terminar, expondré otra
idea que se me ocurre debería ser una práctica habitual: la Inspección de
trabajo tendría que estar, periódicamente, celebrando reuniones a solas con los
trabajadores de las empresas, para conocer de primera mano cómo son esas
relaciones. Inspección es una parte de la Administración pública, a la que
sostenemos con nuestros impuestos entre todos, como siempre, para asegurar
nuestro bienestar.
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