Siento tanta
rabia, tanta indignación y me apena tanto lo que está sucediendo con los
afectados por la Talidomida, que escribo o reviento.
La Talidomida
era un fármaco producido por una empresa farmacéutica alemana Grünenthal GmbH,
comercializado entre 1958 y 1963, como sedante y calmante de las náuseas que
las embarazadas experimentan en los primeros meses de gestación.
A partir de
1963 se dejó de comercializar porque provocaba malformaciones genéticas severas
e irreversibles, que afectaban, principalmente, al desarrollo de los brazos y
de las piernas de los fetos.
A la perdiz se
le ha estado mareando durante cincuenta años, ocultando a los afectados y a sus
familias la directa relación de las malformaciones y la ingesta del medicamento.
Sin la información pertinente nadie reclamaba a nadie por el desconocimiento de
lo que había dado lugar a que las victimas de la Talidomida, hubieran nacido
con aquellas malformaciones. A pesar de ello, en 1971 el laboratorio alemán acordó
indemnizar a los afectados alemanes, de lo que se deriva, que por aquel
entonces admitían su culpabilidad y la relación entre su medicamento y los
efectos que producían.
Parece ser que
solo hay dos casos de afectados españoles que sobre los años 2003 y 2004, a
través de Internet tuvieron conocimiento de casos similares en otros países y
denunciaron, consiguiendo que se les indemnizara. Posteriormente, Grünenthal,
se cerró en banda y ante cualquier reclamación, respondió que el caso había
prescrito y también hizo una defensa diciendo que Grünenthal no era la única
empresa farmacéutica que había comercializado la Talidomida. A esto se le une
la pasividad del Estado español ante la investigación y reclamación a favor de
sus ciudadanos y, como se suele decir, “uno por otro, la casa sin barrer”. ¿Qué
ha habido entre el laboratorio alemán y el Estado español para alcanzar la
resolución tan miserable y denigrante, de la que se hace eco el Tribunal
Supremo?
Según las
noticias que han trascendido, todas las victimas del resto de países han sido
indemnizadas, excepto las españolas. Al laboratorio responsable de la
fabricación de esta bomba tóxica les va a salir gratis los daños provocados a
las familias españolas. ¿Debemos suponer que somos los más tontos de Europa, o
hemos tenido el Estado más inepto de la Unión?
De cualquier
forma, no se puede, una vez más, dejar sin su justa y más que merecida ayuda, a
unas familias que han sufrido tan terrible sufrimiento. No se puede pasar
página así como así, en casos tan graves como este. No pueden disolverse los
delitos por el paso del tiempo, pues fueron delitos, hay delincuentes y
victimas que están padeciendo sus consecuencias. La prescripción de los delitos
es un salvoconducto vergonzoso y totalmente injusto, que debe desaparecer de
nuestra legislación. Es la manera de que no se mareen los papeles, de que no se
apele continuamente y no se hagan pasar los casos de un juzgado a otro y, de
estos a la Audiencia o al Supremo, para que cuando se obtenga una resolución
queden los infractores libres, porque sus delitos ya prescribieron.
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