Si vieron ayer
el espacio televisivo “La Sexta Columna”, pudieron entender cuán injusto es
delatar a los corruptos, que se mueven a tu alrededor. Pudimos tener el
testimonio de médicos, interventores de Ayuntamientos, funcionarios, políticos,
profesores, etc., que habían denunciado y destapado casos importantes de
corrupción en nuestro país, y los primeros que estaban sufriendo las
consecuencias eran ellos. Habían recibido amenazas, les habían aislado, les
habían hecho la vida laboral imposible o, sencillamente, les habían
expedientado y expulsado. Parece increíble, pero es verdad. Por haber tenido la
osadía de denunciar desvíos de fondos públicos, malversación de los mismos,
robo o lo que hubieran cometido sus infractores, ellos han perdido su trabajo
y, lo peor, les ha quedado una mancha en su expediente, que como decían muchos
de ellos, no les volvían a contratar.
Es el sistema
al revés, los corruptos se aseguran su trabajo además de robar cuanto pueden, y
las personas honestas y honradas en el cumplimiento de sus funciones, por
exigir transparencia y ausencia de infracciones, se quedan sin trabajo. A los
Gobiernos que tanto hablan de transparencia, no se les ha ocurrido hacer una
ley de protección de los que destapan casos de corrupción y luchan para que no
estén podridas las Instituciones, como lo están actualmente. Las cúpulas de
todos los estamentos están involucradas en asuntos turbios y actos delictivos,
lo que ocurre es que no siempre hay personas valientes como las que nos
presentaba el programa de ayer, para denunciar y desmontar los negocios que
están realizando a costa del dinero público.
La ley está
amparando a los delincuentes, pues las condenas aplicadas en estos casos que
ven la luz, no sin antes haber supuesto un martirio para las personas que los
descubren, es irrisoria. Se llevan millones de euros y les castigan con 2 ó 3
años de prisión, pero en ningún caso se les exigen la devolución de lo robado,
y si no lo hace, que no pueda quedar en libertad. Solo así, cuando a los
delincuentes no les compense haber robado y pasado por la cárcel, porque no
puedan quedarse con el botín o no consigan su libertad; dejarán de robar.
Es indignante
que la persona honrada sea marginada y cesada en su trabajo, mientras toda la
camarilla que forma la trama delictiva es la que sigue llevando las
Instituciones públicas, las empresas públicas, los Ayuntamientos, o son los que
están involucrados en los atracos a programas de cooperación a países pobres, cursos de
formación para desempleados, etc. Es que no tienen pudor alguno para robarles a
los que más lo necesitan, les trae sin cuidado. Se sirven de la Administración
pública y de los dineros destinados para socorrer a parte de la población más
pobre, para hacer negocios privados, construcciones de apartamentos, hoteles,
etc.
O como el
colectivo de médicos del Gregorio Marañón que utilizaban los recursos públicos
para realizar pruebas privadas, para centros privados. Es que en este país, el
más tonto te hace relojes, como se dice coloquialmente. ¡Es una vergüenza! No
hay derecho que haya tanto criminal, suelto, contratado o metido a dedo en la
Administración pública, cobrando y robando al mismo tiempo, y que las leyes
sean tan blandas para con los amigos de este o de aquel cargo público,
generalmente de la cúpula de tal o cual partido político. Cualquier ciudadano
lo haría mejor que nuestros gobernantes, pues al no tener nada que ver con
individuos de esa calaña, les darían fuerte, los castigos serían ejemplares.
¡Qué poco hacen los de arriba para proteger y velar por lo que es de todos!
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