Los ciudadanos
debemos tener mucho cuidado con los procedimientos de los políticos, pues como
sabemos defienden más sus intereses que los nuestros.
El TSJA
(Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) deja fuera del caso de los EREs a
la jueza Alaya. La jueza que más concienzudamente ha trabajado en el caso
referido, es retirada por una sustituta que llega y no sabe de la misa la
mitad. ¿Es esto serio? Los intereses políticos, una vez más, se encaminan hacia
la impunidad más absoluta. Los políticos se protegen, a sí mismos, muy por
encima de los intereses públicos. ¡Es una auténtica barrabasada!
La historia
del país viene demostrando que cuando un juez hace bien su trabajo, suele
meterse en contramano con los intereses de los políticos y lo paga muy caro.
Tenemos los ejemplos de los jueces Baltasar Garzón y Elpidio Silva. El uno puso
el dedo sobre la llaga de la trama Gurtel y lo retiraron de la carrera
judicial. El otro se atrevió con el caso Bankia, escondite de los piratas
políticos, en especial del PP, y obtuvo el mismo trato vejatorio, ¡a la calle!
Cuando el PP
logró quitarse a los jueces que más incisivamente les atacaba, incluido el
pobre juez Ruz, que hizo una instrucción del caso Gurtel brillante, propone a
dos jueces muy afines a su partido, el Sr. López y la Sra. Espejel, para juzgar
una causa que ataca directamente al PP. ¿Se ha visto algo más amañado y burdo?
Otro juez que
ha pasado lo suyo para poder realizar bien su trabajo, ha sido el juez Castro
en el caso de la Infanta Cristina. Le ha costado sudor y lágrimas poder
llevarla a la sala y, todavía está por ver que se siente en el banquillo de los
acusados. Primero, Hacienda le admitió tres facturas como buenas siendo falsas,
para que el dinero defraudado no superara los ciento veinte mil euros, lo que
suponía cárcel. Luego, el fiscal Horrach se convirtió en el mejor abogado
defensor que jamás podría tener la Infanta. Por último, a pesar de todo, ni fiscalía
ni Hacienda, ve delito y no denuncian, lo público les importa un comino. Para
ellos el honor de la Infanta está por encima de la legalidad, la justicia y el
resto de los españoles, aunque la Infanta haya delinquido constituyendo una
asociación de malhechores con su marido, el socio del mismo, la esposa del
socio y la colaboración necesaria de muchos cargos públicos de relevancia.
Por último, en
un país donde se les llenan las bocas a nuestros políticos diciendo que hay
independencia judicial, ejercen la presión sobre los magistrados, que hemos
visto ayer y antes de ayer en Cataluña, en las mismas puertas del Supremo. No
creo que este sea el mejor ejemplo de cómo dejar realizar su trabajo a los
jueces con la libertad que los políticos propugnan.
Esta es la política
del dedo, te pongo, te quito. No me interesas si me atacas. No quiero justicia
sino que no vayas contra mí. Los escraches valen cuando los hacemos los
políticos delante del Supremo catalán. Los antidisturbios os pegan a ustedes,
ciudadanos, a nosotros los políticos no, aunque incumplamos las leyes. Ustedes
van a la cárcel o son desahuciados, nosotros no, aunque no paguemos o lo
hagamos con dinero negro. “Nosotros los políticos somos los salvadores de la
Patria”. ¡Ja, ja, ja!
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