El rector de la URJC, Javier Ramos,
anuncia que se va a expedientar al profesor responsable de haber denunciado públicamente
las irregularidades del master de Cristina Cifuentes. Se considera que tal
actuación por parte del profesor puede haber vulnerado la ley de protección de
datos.
Una vez más estamos ante un desvío
de atención interesado, poniendo el foco sobre la protección de datos y no en
el hecho falso cometido con la connivencia de ciertos profesores y una política
destacada de la banda mafiosa del PP, que revelan un negocio ilegitimo por el
que se pueden comprar títulos de másteres sin cursarlos y, por tanto, sin
adquirir el conocimiento pertinente ni aprobarlos. Esto nos demuestra la total
politización de un sector de la URJC, que es el que debería ser sancionado,
castigado y expulsado de cualquier función pública, al no estar capacitado para
trabajar honestamente por el bien de la ciudadanía, la igualdad de
oportunidades de todas las personas, etc. Ese grupo de profesores tenía un
chiringuito subvencionado por políticos que les ayudaban a engordar falsamente
sus currículos, que es lo que tratan de hacernos ver es de menor importancia.
Perdonen la siguiente expresión,
pero mi indignación me la aconseja: donde meten las pezuñas ciertos políticos
de peso en esta corrompida sociedad a la que tanto favorecen, todo se echa a
perder, todo se pudre. Echan a perder las universidades, la educación en
general, empeoran la sanidad con los recortes dando lugar a las largas listas
de espera por falta de recursos humanos, al tiempo que intentan privatizar
cuanto más mejor. Las empresas públicas las tienen hechas unos zorros, recuerden
Acuamed, Aguas del canal de Isabel II, lo mismo sucede con las empresas
públicas que regulan el suelo o la vivienda. Cuántas veces hemos sabido de
recalificaciones y pelotazos urbanísticos en los que median los políticos, las
masivas ventas de viviendas sociales a grupos buitres de inversión. La clase
política que ha tocado poder, desgraciadamente, se vuelve una clase mafiosa que
gestiona constantemente cometiendo infracciones, delitos y todo tipo de
irregularidades… ¿cómo vamos a confiar en ella?... nos resulta imposible.
Visto lo visto, se vuelve a
culpar al denunciante de los delitos porque el sistema vive más tranquilo y
roba como quiere si no es vigilado por nadie, si nadie osa hacer públicas las
fechorías de los mafiosos. El sistema trata de impedir con hechos como estos
que la gente vea lo que vea tema por su puesto de trabajo. El sistema amenaza a
la gente de bien que cumple con su trabajo y sus obligaciones, y se atreve a
denunciar las irregularidades aunque las haya cometido una Presidenta de una
Comunidad como es la de Madrid. Estamos viviendo el mundo al revés, este
complot entre políticos del poder y justicia (jueces y fiscales), permite que la
impunidad sobrevuele nuestras cabezas y se instale en todos los rincones de la
Administración pública, porque los que debieran velar por su buen y honrado
funcionamiento, están en otros asuntos como proteger a sus infractores, que
como si fueran sus ranas saltan en cualquier charca dando el cante. España
parece no tener vergüenza porque los que dictan las normas, no tienen ninguna.
No hay comentarios:
Publicar un comentario