Un tema que es imprescindible
abordar por el Gobierno es el de la ingeniería fiscal, toda la parafernalia “legal”
que hacen las grandes corporaciones para evitar pagar impuestos o, en su caso,
pagar lo mínimo. La ley también se debe modificar y dejarlo bien claro al
respecto, yo no entiendo de esto ni me preocupo de aprender sobre esta mala
arte, lo que sí sé es que la cortaría de raíz. Lo normal es que quien tenga
mayores beneficios tenga que pagar mayores cantidades al fisco, y el asunto se
hace bien fácil, si cualquier empresario autónomo tiene que tributar por el
veintiocho por ciento de sus beneficios, pues que las grandes corporaciones
tengan que hacerlo en la misma proporción, no se trata de exprimirles más que a
nadie. De lo que sí se trata es de no dejarles montar los tinglados que montan
con apariencia legal, para facturarse por operaciones ficticias que van
disminuyendo los beneficios reales que se obtienen, para terminar tributando
una miseria comparada con las ganancias reales. Es ahí donde debe incidir la
ley, se ha de poner más seria para todos esos empresarios, a la vez que tiene
que hacerse un control más exhaustivo de sus contabilidades y de la veracidad
de sus movimientos. Si dicen que se han vendido entre sociedades del mismo
empresario, ¿dónde están los movimientos de almacén?, ¿dónde están las ventas y
dónde están las mercancías? A esas empresas que siendo enormes pagan tan poco,
hay que vigilarlas con lupa, algo que no hacen los gobiernos porque viven
chantajeados, bien porque deben ser untados, bien porque les amenazan con
cerrar si no les quitan el ojo de encima.
Yo siempre digo lo mismo, hay que
sacar una ley de expropiación industrial, para que llegado el caso del chuleo
antes expresado, que ellos sepan que se les puede expropiar la industria si se
tienen razones de peso para hacerlo. Por supuesto, ha de ser una ley que no se
pueda aplicar por caprichos de los gobernantes de turno, tienen que existir más
que sobrados motivos para hacerla efectiva. Hay dos motivos muy concretos y
frecuentes al mismo tiempo: Empresas que obteniendo beneficios se deslocalizan
porque prefieren trabajar con mano de obra más barata para aumentar sus
beneficios. El segundo sería, la empresa que al sentirse vigilada o presionada
a pagar lo que le corresponde, amenaza con cerrar. En esos dos casos,
directamente hay que expropiar las empresas, se debe hacer cargo la Administración
pública, la plantilla ya la tiene, no sé dónde está el problema si ya venía
funcionando adecuadamente y obtenía beneficios. Ya sé, las autoridades piensan
que en un país con una ley como esta no van a venir los inversores a poner
dinero y pueden tener razón, pero lo que hay que poner bien claro son los
motivos por los que se podrá expropiar una empresa, que en ningún momento serán
razones caprichosas.
Hay que poner fin a esa ingeniería
fiscal para que todos contribuyamos en la misma proporción a pagar los
servicios públicos, es lo justo. Nada de amnistías fiscales low cost, al
delincuente hay que perseguirlo, castigarlo y exigirle los importes
defraudados, una España seria no puede ser de otro modo. España no puede ni
debe ser un rincón para acoger a maleantes ni puede hacer las veces de paraíso
fiscal en cubierta, que es en lo que se convierte cuando pone en marcha esas
amnistías, o hace la vista gorda ante las ingenierías fiscales.
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