viernes, 13 de noviembre de 2020

PRUEBAS PCR EN AEROPUERTOS

 Rankings de aeropuertos del mundo | Transportes

                                                          Imagen: www.hosteltur.com

  El Gobierno obliga que los viajeros, turistas, que deseen ingresar al país desde un país que se considere de riesgo (cuando está todo el mundo medio infectado), deban aportar un documento con el que acrediten tener realizada una prueba PCR, que arroje un diagnostico negativo, en las 72 horas previa a la entrada al país. Lo primero que me ha hecho pensar en que en esas 72 horas todo el mundo puede haber estado en contacto con un infectado y llegar al aeropuerto con el papel del PCR negativo, pero infectado. Creo que lo normal es tener la certeza de estar libre del COVID, o sea, hacer la prueba en el mismo aeropuerto. Además la norma puntualiza que el objetivo son los turistas o viajeros que utilicen avión o barco, ¿qué sucede con los que viajen en coche, autobús o moto?, seguramente las fronteras sigan siendo la entrada o el coladero de posibles contagios. Pero hay algo más, también incomprensible, la norma excluye del cumplimiento de esta exigencia a la tripulación de los barcos, si acreditan no haberse podido hacer la prueba PCR; o sea, que llegan a un puerto español, dicen no habérsela podido hacer y campan a sus anchas sanos o enfermos, me imagino que en ese caso le retendrán hasta que se las hagan, pues de lo contrario tratan de poner remedio por un lado y pasan la mano por otro.

            Los artículos que he leído, hablaban que esa medida será obligatoria desde el 23 de Noviembre, y que si algún pasajero se niega a hacerse la prueba se le podrá sancionar desde 3.000 € hasta 600.000 €. Lo que no he llegado a leer en ninguno de los artículos es si también se ha dictado la obligación de hacerle retornar a su país si incumple con las normas. Tan solo citan que se podrá negar la entrada al país a los viajeros que no cumplan la norma y sean de países no europeos (para los europeos que siga la fiesta, que no infecta igual un contagiado europeo que uno de fuera).

            Si se detectan positivos en esa vigilancia sanitaria en aeropuertos o puertos, se ha de poner en marcha el protocolo de la Comunidad Autónoma a la que haya llegado, pero de ningún modo aclara si se le niega la entrada, si ha de retornar a su país de origen, o si se le atiende, pero cobrando al ciudadano o al país de donde proceda los correspondientes gastos sanitarios que ocasione su recuperación, hospitalización, medicamentos, etc.

            Por último, no menos chocante me ha resultado leer que la norma solo es para que la cumplan los turistas cuyo destino final sea España, pero que si están de tránsito, no. Entonces me imagino a todos esos pasajeros que deban enlazar vuelos para alcanzar su destino final diferente a España, pero que hacen escala en nuestros aeropuertos, probablemente haciendo la espera andando por toda la terminal, mezclándose con la gente, pero que como su destino final no es España, según la norma, no están obligados a presentar la prueba PCR de las últimas 72 horas ni hacérsela. Creo que se improvisa demasiado, me da la impresión que se va acelerado en todo esto de la pandemia y que no se amarra la situación adecuadamente. Si el problema era que la gente se contagia con suma facilidad, y esto lo dijeron desde el principio, o sea, desde marzo de este año, las medidas de control de la movilidad de un lado para otro tendrían que haber sido estrictas desde que nos alcanzó el mal. Se ha querido jugar a salvar el negocio turístico, pero no se pusieron las medidas de control necesarias para tener un turismo seguro. Es lo mismo que ha sucedido en Canarias, que estando limpia, libre de COVID, se dio la orden con anterioridad a esta norma que todavía no se aplica, que lo hará el próximo día 23, para que todo turista británico y alemán viajara libremente a las islas, ¡eso no se puede hacer en pos del negocio! Como la población canaria estaba libre de COVID, al hacerlo como se hizo, lo que se estaba brindando a los británicos y alemanes, es una zona geográfica sin riesgo para ellos, pero si no se exigen los test a la llegada, se está poniendo en peligro a la población canaria, y el Gobierno tiene la obligación de velar por la salud de los residentes antes que por hacer caja.

 

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