Con el temporal último, paso de
los nombres con los que lo personifican, muchas de las costas andaluzas se han
ido a tomar mejores vientos: casas inundadas, chiringuitos destrozados, paseos marítimos
que han desaparecido y calzadas intransitables. Lo primero que hacen los
Ayuntamientos es evaluar los costes de los daños para reclamarlos al Estado,
como si alguien tuviera culpa o fuese responsable de los destrozos, además hay
algo más importante a lo que casi nadie alude: a la responsabilidad de los que
permitieron que se construyera en la ubicación que ocupan todos esos
chiringuitos, las primeras filas de casas o los paseos marítimos, etc. Algunos
fueron buenos para ocupar terrenos a escasos cincuenta metros del agua, en la
arena seca cercana, sin respetar la ley de costas, etc., pero a esas gentes
nunca se les ha pedido responsabilidad por la insensatez, la ilegalidad y las
interesadas decisiones que tomaron. Aquí, en este país, muchos gobernantes
hacen lo que les viene en ganas y, posteriormente, pagamos entre todos con nuestro
dinero los desperfectos y la reconstrucción de los efectos o consecuencias de
sus actos.
Ese es el Estado de
Derecho-torcido que se ha instalado en nuestra sociedad. El Estado de los
pillos y de los sinvergüenzas, el de los que tiran las piedras y esconden las
manos… nunca dan la cara por lo que hacen. Les propone algún constructor un proyecto,
les venden la idea que van a atraer más turismo, se les llena la cabeza con
números y los constructores se encargan también de llenarles los bolsillos a
los ediles de dinero, esto hace que los proyectos sean viables y no las
verdaderas condiciones de los terrenos, la cercanía al mar, la probabilidad de
que se inunden, etc., solo se contempla que subirá el número de turistas en la
zona. Cuando llegan las desgracias, a reclamar al Estado central como si éste
tuviera algo que ver con su mala gestión municipal. Valoran los daños, sacan imágenes,
citan a los medios de comunicación y comienza la campaña: Cobremos del Gobierno
central.
Mosquea porque vivimos unos
tiempos en los que estamos sufriendo las repercusiones de los recortes
impuestos por el desgobierno que tenemos. Nos vienen diciendo que no hay dinero
para esto y aquello, se están despidiendo profesionales sanitarios y
profesores, dos pilares esenciales de nuestra sociedad. No se les paga una
pensión digna a los que se han llevado toda la vida entregados a sus trabajos y
comprometidos con el progreso de este país. No hay trabajo para los jóvenes y
los parados de larga duración y el poco que hay es precario, con salarios de
risa y muchas horas de trabajo, muchas más de las horas declaradas y por las
que cotiza el patriota empresario, modélico y al que tanto escucha el actual
desgobierno. Ellos fueron los que aconsejaron que se retrasase la edad para la
jubilación, o que había que trabajar más horas y ganar menos, pero nunca hablan
de actuar con transparencia y dejar de engañar a los empleados, a Hacienda y a
la Seguridad Social.
De nuevo todas las prisas son
para tener las playas preparadas para acoger al turismo de Semana Santa, así
que deben estar buscando los dineros debajo de las piedras, pero no tienen las
mismas prisas para exigir responsabilidades a todos aquellos que permitieron
construir y ocupar terrenos en lugares potencialmente peligrosos. Miren si lo
sabían que todas las casas construidas en la primera línea de la playa onubense
de La Antilla, están construidas sobre pilares, en alto, de forma que en las
subidas de las mareas pueda pasar el agua por debajo sin dañar las viviendas.
Esas viviendas están construidas en la arena seca a escasos metros del agua…
eso no puede ser, tiene que haber responsables que respondan de esto y no que
tengamos que sofocar los daños con los dineros de todos.
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