Los cobardes de este país, los
puristas de la ruina y la corrupción, defienden que no se ha de modificar
drásticamente la Constitución, pero a la vista de los acontecimientos a los que
ha dado pie un texto tan permisivo y al que todos acostumbran saltarlo a pídola;
debe ser reformado, o mejor dicho, hecho de nuevo, incluyendo valores y normas
actuales que no permitan la exclusión de parte de la gente, o que los
dirigentes sigan burlándose de la población española.
En primer lugar habría que
habilitar fórmulas informáticas o telemáticas para que la interacción de la
población sea total, y podamos la ciudadanía intervenir en las propuestas que
queramos nos rijan. Una nueva Constitución se tendría que abrir sobre el debate
de sistema centralizado o descentralizado. De tal forma que se tiene que hacer
desaparecer la duplicidad, por tanto, optamos por un Gobierno Central y
desaparecen las Autonomías, o bien, optamos por gobiernos autonómicos haciendo
desaparecer el Gobierno Central y la Monarquía. Y para inaugurar el cambio,
habría que someterlo al criterio de la ciudadanía española. Somos mayores y
nosotros queremos decidir sin campañas de unos y otros. Esos que desearían
influir en las mentes del resto, que empiecen a darse cuenta ya, que solo son
votos como el resto de españoles y españolas.
Por la experiencia de la
democracia amañada, coja y corrupta que hemos tenido, ineludiblemente hay que
incluir en una nueva Constitución, artículos que nos protejan frente a los
ladrones de lo público. Cárcel sin límite de tiempo, ni permisos
penitenciarios, hasta que no se haya devuelto hasta el último céntimo de lo
sustraído o malversado.
Habría que incluir en una nueva
Constitución la no prescripción de delitos, al que delinca, en cuanto se le
pille, la paga haga el tiempo que haga. Además si el delincuente tenía una
plaza de funcionario antes de ejercer en la política, irremisiblemente, pierde
su condición de funcionario porque no es apto para trabajar en lo público… es
un chorizo, no puede manejar lo que es de todos, ni cobrar de lo que aportamos
entre todos. Y hay que acabar con los políticos corruptos que no sueltan el
acta. Esta no será en ningún caso propiedad del político sino del pueblo, y es este
el que tendrá la capacidad de revocar a cualquier cargo público que no cumpla
adecuadamente con sus funciones.
Los cargos públicos serán
vocacionales, así que primero tendrán una profesión de la que cobren, y por la
función pública solo percibirán un SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
Veremos como adelgaza la Administración y se nos van todos aquellos que viven
profesionalmente de la política, porque no saben hacer otra cosa o vinieron a hacer negocio con lo
público.
Como lo más importante ha de ser
la gente, se tiene que crear un país para la gente, para la ciudadanía, no para
clases elitistas, empresarios, constructores y banqueros. Hay que
industrializar el país, y lo debemos hacer entre todos porque va a representar
nuestro futuro y el de las generaciones que vienen. Hay que dar óptimas
condiciones a los empresarios para que generen puestos de trabajo, pero si dándoles las mejores condiciones no lo
hacen para servirse del elevado número de desempleados para ofrecer trabajo
basura y condiciones de miseria, la Administración central, si lo hemos
decidido así, o autonómica, si fuera la elección, tiene que implantar
industrias dirigidas por gente capacitadas y con méritos suficientes,
convocadas en concurso para toda la ciudadanía y no por gente asignada por dedo
o recomendación. De este modo nos aseguramos de un funcionamiento normalizado
como cualquier otra empresa privada del país. Al mismo tiempo, los españoles
nos debemos mentalizar en el consumo de nuestros productos, porque ello nos
asegura la continuidad de la empresa y de nuestros puestos de trabajo.
Las autoridades tienen que velar
por el bienestar de la gente, obligando a las industrias a que todos los
productos, sobre todo los de consumo básico como alimentos y bebidas no incluyan
sustancias nocivas para nuestra salud. Deben existir laboratorios públicos que
analicen los productos ya existentes, como todos aquellos que se pretendan
incorporar al mercado, que deben pasar el estricto control de calidad y
seguridad.
Siguiendo en esta idea central
que debe ser el objetivo de todas las leyes de un país, su gente, la Seguridad
Social ha de integrar todas las modalidades de curación y terapias conocidas,
para satisfacer los deseos de todas las personas. A los enfermos hay que
tratarlos desde todos los puntos posibles (holísticamente), por eso han de
intervenir todas las medicinas: alopática, homeopática, naturista, bioenergética,
etc.
Las industrias de suministro de
agua y energía han de volver a ser públicas, para que seamos nosotros los que
pongamos los precios, concedamos los bonos sociales, o nos obliguemos a no
dejar a nadie, que no pueda pagar dichos servicios, sin el bienestar y la
protección que reportan.
El mundo ha cambiado mucho en los
últimos cincuenta años, por lo que la Constitución de hace cuarenta años no se
corresponde con las necesidades actuales. Es necesario ser más imaginativos y
permitirse soñar con una sociedad mejor que la que tenemos, que está excluyendo
cada día a más personas.
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