La disputa entre grupos políticos, entre Gobierno, oposición y su manejo sobre el CGPJ, la okupación de sus miembros, la falta de acuerdos si no son de conveniencia, la despenalización de la malversación, el indulto de Griñán, los tira y afloja de los independentistas, la retirada de la Guardia Civil de tráfico de Navarra, o los impuestos a la banca, eléctricas y grandes fortunas, son como un mal matrimonio, que solo puede llegar a acuerdos de conveniencia porque no hay más nada entre ellos, solo el deseo de sacar la mejor tajada de la ruptura.
Está bien movida la vida social-política de nuestro país, y ¿saben por qué?, porque nadie cumple las leyes y todos tratan de moldear la situación, su situación, como mejor les conviene, por lo general a unos pocos. A los miembros del CGPJ se les terminó hace cuatro años su mandato, y está sucediendo lo que no sucede a ningún ciudadano corriente, que se le acabe su contrato en su empresa y siga yendo a su puesto de trabajo y siga recibiendo el salario en su cuenta corriente. Estamos sufriendo una estafa, nos roban los okupas del CGPJ, nadie les echa y, peor aún, nadie le da una solución decente y profesional, todos temen ser juzgados por jueces que nada o poco tengan que ver con ellos cuando se enfrenten a procesos judiciales por casos de corrupción, malversación, etc. Nos estafan los 350 Diputados que están asistiendo a esta vulneración de la Constitución española sin acordar mediante una ley urgente el desalojo del CGPJ y la convocatoria pública de empleo para contratar por méritos y experiencia, que no por ideología a tantos jueces como hagan falta para sustituirlos a todos, porque a estas alturas el CGPJ es un ente mafioso por lo que estamos viendo, y como digo los 350 Diputados, que no nos representan una vez más, asisten pasivos ante tal hecho.
Vayamos con el segundo motivo del escrito, me refiero al trastoque del delito de malversación. No se puede cambiar una ley para salvar a tal o cual individuo, político o no. Si el problema se plantea porque unos políticos catalanes fueron juzgados por malversación, y como la soberanía debiera ser del pueblo, pues que esta se imponga, incluso, a la sentencia misma. ¿Cómo se hace esto?, pues desde mi punto de vista, desconocedor total de los procedimientos judiciales o legales, pero cargado de sentido común y coherencia, llego a la conclusión que se debe exponer los hechos al pueblo, explicaciones que deben ser expuestas por los acusados y los que acusan, que el pueblo catalán reflexione y vote si sus políticos malversaron o no, fin de la historia.
La retirada de la Guardia Civil de tráfico de Navarra, bueno es una negociación, no quieren a este cuerpo con esa misión en sus tierras. Hay otras zonas de España que tampoco la tienen, que tienen a sus propios cuerpos de seguridad haciendo las mismas funciones. Dice el sindicato de ese cuerpo que quedarán en paro, ya han puesto el chantaje al Gobierno encima de la mesa, tal como suelen hacer los empresarios en cuanto se les achucha un poco o se les recorta algo sus beneficios. Que se distribuyan por otras regiones españolas y refuercen esas áreas, ¿no están haciendo publicidad, desde hace unos días en radio, que acaba de entrar una nueva promoción de guardias civiles en la academia?, pues que lo retrasen si se excede el número de agentes necesarios, pero si hay dinero para otros derroches a los que los políticos nos tienen acostumbrados, que se asuma, como no puede ser de otro modo, los salarios de esos hombres con experiencia y que ya tienen sus plazas.
Por último, sobre el impuesto a la banca, a las eléctricas y grandes fortunas. Es normal que quiénes más dinero obtienen de la sociedad, también sean los que más tributen. Pero hay que ser cautos en esto, para controlar las tarifas de sus servicios y no puedan repercutir el importe de esos impuestos a los consumidores, a sus clientes. Esto es fácil si quiere, se hace una ley para castigar ejemplarmente a aquellos que lo repercutan, y ustedes se empezarán a preguntar cómo se hace para llevar el control. En la ley se tendrá como prueba la subida experimentada en los recibos por los servicios recibidos de dichas entidades o suministradoras, antes y después de salir la ley o leyes correspondientes. Así cualquier cliente al que le suban el coste de los servicios o productos, lo podrá poner en conocimiento del organismo que se indique para ese caso y las autoridades podrán "crujir" a los infractores. Además, el Gobierno llega a este extremo a consecuencia de la inflación que están produciendo, por ejemplo las eléctricas, las petroleras o la industria de los alimentos por la subida bestial de sus precios aprovechando que se daba una guerra en Ucrania, consentida la subida de precios por el Gobierno que pasivamente ha pasado de intervenir los precios, por tanto convirtiéndose en cómplice necesario de la inflación que sufrimos.
Seguiremos...
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