En 2012 se celebraron unas oposiciones a Policía Local de la ciudad de Sevilla, y resulta que alguien filtró la plantilla de corrección del examen, haciendo que entraran al cuerpo 56 nuevos agentes. Lo curioso del caso es que la plantilla de corrección tenía varios errores, que lógicamente cometieron los aspirantes, con las mismas palabras y en el mismo orden.
En 2019 los acusados fueron absueltos, según sentencia por la imposibilidad de encontrar al que había filtrado el examen. Digo yo que mal ha de estar la policía si es incapaz de dar con el delincuente que facilitó los resultados.
No obstante, el asunto llega al Tribunal Supremo, y éste obliga en Enero de 2023 a repetir el examen de aquellas oposiciones fraudulentas en las que aprobaron 56 agentes, que podríamos llamarles de ilegales o usurpadores de puestos de trabajo de la función pública que debieron recaer en personas honestas que hubieran alcanzado las mejores calificaciones en una oposición limpia y sin la actuación de esos 56 agentes ventajistas.
Ahora dicen que de repetirse el examen esos agentes ilegales no estarían en la misma condición que el resto de aspirantes que no fueron admitidos, pues han pasado 12 años y sus condiciones físicas no serían iguales a la de los nuevos aspirantes. De momento lo que he podido leer, habla de admitir a examen a los que no fueron admitidos en aquella oposición, o sea, que los doce años también han pasado por los demás, pero no es lo justo, para mí no lo es, pues los "delincuentes" que accedieron fraudulentamente habiéndose aprendido las respuestas que le habían pasado, dejando en desventaja a todos los demás que se examinaban, no son dignos de representar la ley en nuestra ciudad ni de volver a ocupar cargo público alguno, deben ser despedidos, es lo que corresponde, sin indemnización alguna y juzgados para que la sentencia, si fuese justa, les obligara a devolver el sueldo o parte del mismo de estos doce años. Soy crudo, pero tan solo con contundencia frente a la corrupción, se puede llegar a atemorizar a los que estén tentado de seguir viviendo en esa franja de delincuencia social y laboral, que tanto perjudica al resto de la ciudadanía.
En ningún momento se me pasa por la cabeza el despido o la indemnización, sino todo lo contrario, que resarzan las arcas públicas del Ayuntamiento de Sevilla con el dinero que nunca tuvo que haber salido del bolsillo de los sevillanos para pagar agentes fraudulentos. Por otro lado, los medios hablan de indemnizar al aspirante que denunció los hechos, y así no tener la obligación de despedir a los 56 agentes fraudulentos, porque según dice el Ayuntamiento, no le sería posible desprenderse de 56 agentes. ¿Con quién está el Ayuntamiento, con la legalidad, o con las practicas mafiosas y corruptas? ¿Por qué no se despiden a los 56 agentes corruptos y se ingresan inmediatamente a los 56 aspirantes con mejores calificaciones obtuvieron sin copiar la fatídica plantilla filtrada. Se les pone a trabajar en pareja con agentes experimentados y que se les intensifique la formación para tenerlos operativos en el menor tiempo posible. ¿O es que la mafia tiene que triunfar en todos los ámbitos de esta puta sociedad?
Seguiremos...
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