No es la primera vez que los fenómenos geológicos naturales ocasionan tragedias a una buena parte de la población mundial, ahora le ha tocado al sur de Turquía y al norte de Siria. Varios terremotos con sus respectivas replicas han afectado gravemente o destruido más de 12.000 edificios en la zona indicada de ambos países. Asimismo, ha dejado más de 20.000 muertos y más de 80.000 heridos, unas cifras que son alarmantes. Todo ello sucedía la madrugada del día 6 de febrero.
Se han salvado a muchas personas que quedaron atrapadas entre los escombros, gracias a la participación de fuerzas de la OTAN, sin embargo no ha llegado la ayuda física de los cascos blancos de la ONU por motivos burocráticos. Parece mentira que ante una emergencia inminente, en la que dejar pasar las horas y los días significa muertes seguras, se antepongan las reglas burocráticas de los países, a la vida de sus habitantes. Las últimas noticias dicen que siguen las negociaciones entre la ONU y el gobierno sirio para hacer llegar ayuda a las personas afectadas por los terremotos.
Erdoğan dice que no se ha podido actuar con celeridad, o sea, que la respuesta fue lenta por varios motivos, destrucción de carreteras para acceder a los territorios de la catástrofe, atascos en las vías por las que sí se podía transitar, debido al masivo éxodo de habitantes que trataban de alejarse, así como por la desorganización.
Ese es el boceto simplificado de lo ocurrido y algunos de los datos que han circulado por la prensa, pero estoy seguro, como todos sabemos, que hay edificios que se caen como si se tratase de naipes, porque se construyeron en zonas de riesgo, sin los materiales adecuados, mermando calidades y cantidades para abaratar costes, bien para conseguir mayores beneficios, bien debido a la pobreza de los que construyen. A todo ello se ha de sumar, una inoperancia administrativa del país o la región para controlar que se construya siguiendo normativas vigentes, y si la zona era propensa a temblores de tierra, con las medidas antisísmicas pertinentes. Una vez más la inacción de las autoridades en este campo, así como permitir que la pobreza se instale en el seno de su país, algo que sucede en todos los países del mundo, pero que no por ello debiéramos aceptar por buena esta anormalidad. Cualquier Estado debe velar y aplicar las normas o leyes necesarias para erradicar la miseria estructural que todos los gobiernos mundiales albergan dentro de sus países. Esa pobreza está directamente relacionada con el mayor daño que se produce ante situaciones fortuitas de riesgo como la que nos ocupa. Se producen asentamientos en zonas peligrosas, menos estables, inundables, a la falda de volcanes o lenguas de tierra que tarde o temprano pueden sepultar a un pueblo. Mientras esto sucede, las autoridades miran hacia otro lado, porque esas personas pobres tienen que vivir en algún lado y permitiéndoles hacer, se quitan, momentáneamente, el problema de encima. Es más cómodo eso, que agarrar el toro de la pobreza por los cuernos, hallar los motivos de su existencia y paliar el problema. Hacerlo les enfrentaría con los responsables de la pobreza en cualquier lugar del mundo: la inacción de los políticos, la connivencia de éstos con los empresarios y el freno a la consecución del pleno empleo, para que haya un margen de actuación a favor del empresario a la hora de ofrecer peores condiciones de contratación.
Si todos trabajasen y sus salarios fuesen dignos para vivir bien, los gobiernos podrían exigir los permisos y que se cumpliesen las normativas de seguridad en todos los ámbitos de la vida. Claro, tenemos que contar con el mirlo blanco, de que los políticos y gobernantes fuesen personas serias, responsables y honestas.
Seguiremos...
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