Muchos políticos se creen por encima del bien y del mal, se creen amparados por sus leyes, por sus cargos, por su situación privilegiada de poder, muchos de ellos por su aforamiento y por la intromisión en la justicia y secuestro de la judicatura. Hoy le ha tocado a Ana González, Concejala y candidata por VOX en Parla, detenida por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, fraude por enganche ilegal en el tendido eléctrico, por posesión de armas en el registro y por descubrirse en su vivienda los restos de haber tenido una reciente plantación de marihuana, estimando los cuerpos de seguridad que podrían haber sido unas cinco mil plantas.
Ha sido detenida junto a su marido, un militar, por liderar una red de tráfico de cocina en la zona sur de Madrid y una comarca de Toledo. Se presupone han cometido una serie de delitos, los anteriormente enumerados y por habérseles encontrado en el registro: drogas, armas y dinero en efectivo, así como los restos de haber desmantelado recientemente una plantación de marihuana. Además tenían una red de sociedades mercantiles con el único propósito de blanquear el dinero procedente de la ilegal actividad del tráfico de drogas.
VOX espera que de confirmarse todas las acusaciones desprendida de la investigación policial, la concejala devuelva el acta y presente su dimisión. Es ahora cuando nos preguntamos, una vez más, cuándo van a cambiar las leyes para darle sentido común a estas situaciones. ¡Cómo que esperan que devuelva el acta o que dimita!, el acta la debe perder cualquier cargo público en cuanto su comportamiento se comprueba es deshonesto, ha robado o delinquido de algún modo. Siendo suficiente para que no pueda ocupar un cargo público o trabajar para la Administración Pública, durante el resto de su vida. Y su salida de la vida pública ha de ser inmediata en cuanto se confirmen los hechos. ¿Ni esto saben hacer bien los políticos? Claro que lo saben hacer, y conocen que es lo justo y necesario para evitar la corrupción de funcionarios, políticos, militares, policías, jueces, etc., pero no lo hacen, no vayan a verse ellos mismos en una situación semejante y pierdan todos los derechos y el trabajo. ¡No hay derecho! Esa ley hace falta ya. Igual para el marido, militar de profesión, debe ser expulsado y jamás debiera poder trabajar para lo público, para ninguna institución. Los delincuentes no son dignos de cobrar del dinero público y manejar datos e información sensible de los ciudadanos.
Esto no es un caso aislado, son cientos si no miles de políticos, autoridades y cargos públicos con dinero en paraísos fiscales, haciendo chanchullos de todo tipo, ilegalidades, cometiendo delitos amparados en el silencio de compañeros, amparados en su aforamiento y en el secuestro de jueces y fiscales para lograr salir del tablero de juego con total impunidad y riéndose del sistema mafioso y corrupto que ellos mantienen y a nosotros nos hacen costear, así como cachondeándose de toda la ciudadanía.
Seguiremos...
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