Desde mi punto de vista no hay democracia, y es sabido por muchos que no se dejan engañar por lo aparente, pero quisiera abordar la lucha de Instituciones que se va a dar hoy, el TC contra el Congreso de los Diputados. El TC se reune para debatir si el Pleno en el que se van a tomar medidas de rebaja de penas por malversación es o no constitucional. Una vez más, en el supuesto de que sus señorías estuviesen representando al pueblo, que en mi opinión no lo hacen, se trata de si lo que dice el pueblo se puede considerar constitucional o no. Es una postura clara de que se siguen sintiendo cada uno dueños del cortijo, pues ni los que dicen representarnos son nadie para aminorar una pena por delitos que les afectan a ellos, los políticos, muy directamente, ni los del TC son nadie para poner en duda lo que, supuestamente está decidiendo el pueblo a través de sus representantes, que ya dije, en mi opinión no lo son, pero legalmente por las normas obsoletas y manipuladas, ocupan esa posición, como si fuesen nuestros representantes con intereses diversos y particulares, personales y de partidos.
Por tanto, la inexistente democracia, en el supuesto de que hubiera alguna según algunos, la mandan al fresco. Es como si el pueblo decidiese cambiar de sistema y saltarse todo lo absurdo que contienen las actuales leyes, o la misma Constitución, para desarrollar otras directrices bien diferentes, ¿cuántas personas habrá por en medio para zancadillear las decisiones de la ciudadanía? ¿Qué clase de democracia es esa en la que un grupo de doce miembros pueden tumbar lo que decidan, supongamos, treinta millones de personas? Menos oligarquía y más referéndums, ¿lo ven?, que decidan y existan tantos pequeños grupos de poder no es nada bueno para la democracia, para que exista, para que perdure, para que sea la norma dentro de nuestra sociedad en todos los ámbitos.
Mantenemos el huevo Kinder del descaro con cuarenta chiringuitos dentro, todos mantenidos por los mismos, por lo general trabajadores con nóminas, los que estamos más controlados, los que tenemos que pagar por el total de nuestros ingresos percibidos por nóminas, el resto escapa como puede del fisco, por la derecha, por la izquierda, en tierras extrañas, en paraísos fiscales, o haciendo lo que viene llamándose: ingeniería fiscal, Sicav, etc. En definitiva, chanchullos fiscales de inversión y monetarios, que hacen que colectivos o empresas que teniendo altos beneficios, abonen cantidades ridículas de sus ganancias, y los gobiernos lo permiten, y el resto de políticos han de ver bien cuando no legislan en su contra para eliminar tales privilegios. Un gobierno no puede estar chantajeado por las grandes empresas que operan como he descrito, sino que ha de ponerse de acuerdo con el resto de Diputados para legislar y evitar el chantaje que sufre, pues la amenaza inmediata en cuanto se pone el objetivo en dichas empresas, es la del despido colectivo o la deslocalización. La respuesta ha de ser una ley de expropiación industrial, que estoy harto de exponer en otros escritos y algunos de mis libros.
El tema de hoy, a mi personalmente no me parece bien, yo nunca despenalizaría la malversación, porque no le voy a facilitar las cosas a aquellos que roban de lo público o lo desvían a su antojo favoreciendo chiringuitos de sus intereses. Es más, a todas las leyes existentes, les falta añadir que la libertad del preso será efectiva cuando la cantidad robada o malversada sea devuelta a las cuentas públicas, no pudiendo quedar en libertad sin que esa condición se cumpla. Ya veríamos cómo iba a haber menos distracción de dinero. Habría que hacer mucho al respecto, como que los políticos fuesen juzgados en tribunales ordinarios como todo el mundo y no estuvieran aforados, para asegurarse ser juzgados por sus amigos nombrados en TS y Audiencia Nacional.
Si el problema es de gobierno, por la necesidad de los votos de ERC, y es un acuerdo, yo hubiera optado por explicar al pueblo catalán qué se hizo, que hicieron los políticos, a dónde fue a parar el dinero previsto pata tal o cual servicio, y lo sometería a referéndum, que la ciudadanía catalana decidiera si admite lo sucedido o lo considera malversación, con el correspondiente castigo para sus autores según ley, y ya está. Ni siquiera la responsabilidad de lo que le suceda a los autores sería del Gobierno, que por el contrario hubiera optado por la solución más democrática, pero la democracia chirría en este país.
Seguiremos...
No hay comentarios:
Publicar un comentario