Para conseguir el bienestar de la población hay que velar por la buena salud de los servicios públicos, y esto ha de ser una obligación prioritaria de cualquier gobierno y de todos los políticos que digan representar a la ciudadanía. Si los servicios públicos año tras año son peores, quiere ello decir que los políticos no están trabajando para preservarlos, sino que están a otras cosas, por lo general, dedicados a aquellas que les aporten votos, dinero y poder, que es para lo que se tiran los platos a la cabeza, además de ser los bufones de la población, y el pasatiempo bien pagado y repleto de privilegios con los que ellos mismos se agasajan. El que quiera circo que se pague una entrada y vaya a ver a los payasos, a los equilibristas y a los ilusionistas, pero esos artistas están en el circo, no les queremos en el Parlamento. Tampoco queremos a mentirosos, mafiosos o corruptos y los tenemos. Nuestros políticos solo dimiten, dejan sus cargos cuando son conocedores de que una noticia les acusa directamente y los evidencia como presuntos delincuentes, y tratan como último recurso, salpicar lo menos posible a sus partidos, esas organizaciones que dan empleo a dedo por años de servidumbre, llamados militancia. El caso es que casi todos se hacen millonarios, los muy patriotas se llevan los dineros a Suiza o Andorra, algunos a empresas fantasmas en Panamá, o cualquier otro paraíso fiscal.
Ahora, yendo al tema que nos ocupa, diré que mi sentido común me dicta que si en las Comunidades Autónomas gobiernan de tal forma que su resultado es el empeoramiento de ciertos servicios públicos, y las competencias las tienen cedidas por el gobierno central, lo que hay que hacer es retirarles dichas competencias. Claro está, si el Gobierno central es decente y tiene como primer objetivo el bienestar de la gente y no se encuentra involucrado, como aquellos, en los negocios privados, en las organizaciones privadas, que paralelamente ofrecen parecidos servicios para ricos; porque da la impresión que casi todos los políticos callan ante el deterioro de los servicios públicos, y solo alzan la voz cuando empuja la ciudadanía y es demasiado descarada la malversación de dinero que correspondería haber aportado a tal o cual servicio público, buscan la forma de desviarlo a la empresa privada restándolo de la pública, empeorando su situación y la agilidad con que puede prestar sus servicios.
Estamos en un laberinto de difícil salida, imposible si la dejamos en manos de los políticos, porque ellos se encuentran en una situación privilegiada al margen de la gente corriente. Deciden por todos nosotros lo que mejor les parece para ellos, sus familiares y sus amigos. Se conceden cuantos privilegios les parece bien a costa de nuestros esfuerzos, traducidos a dinero. El mal social que llevamos padeciendo décadas es la mal llamada y mal ejercida política, que se desvía del objetivo principal y su razón de ser: Asegurar el bienestar de la gente, mejorarlo cuanto se pueda y conseguir mayor progreso para el país, con todo lo que conlleva ambos aspectos. Por el contrario, considero que se ha convertido en una clase parásita que nos saquea continuamente, con un grado de integridad, honestidad y honradez muy deprimente, con poder para dictar las normas y hacerlas cumplir, aunque a veces como en pandemia sean anticonstitucionales. O sea, que se saltan las leyes como les parece, y como tienen maniatada la justicia, nunca les sucede nada, no dejan sus cargos, no son procesados ni condenados, no se hace justicia y la ciudadanía libre y no cegada, vive en un hartazgo continuo.
Seguiremos...
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